Chile: Consumo y ciudadanía

El triunfo del señor Sebastián Piñera en Chile bien merece una reflexión desapasionada en torno a las nuevas coordenadas culturales en que se instala el imaginario social en nuestro país. El éxito electoral de la derecha no hace sino exteriorizar un fenómeno que se ha venido gestando desde hace ya muchos años. Nos referimos, por cierto, a la consolidación de un diseño social y cultural que podríamos denominar sociedad de consumidores.

En la actualidad, la cultura en Chile y en gran parte del orbe se caracteriza por ser tecno – urbana-masiva y consumista. Si bien se proclama el “individualismo” a ultranza, lo cierto es que como nunca antes vivimos la era de la híper masividad; al mismo tiempo, se declara a los cuatro vientos la era de la “libertad” de cada cual, habitamos un mundo en que los controles de todo tipo crecen exponencialmente y la fuerza de los medios de comunicación y la publicidad “programan” los gustos y apetitos que orientan la conducta de millones de seres.

Ni el mundo económico es aquel idílico mercado por donde fluyen libremente bienes y servicios presididos por la libre competencia, ni los consumidores son aquellos ilusorios individuos autónomos al arbitrio de su propia libertad. El mundo político no ha corrido mejor suerte, las sociedades burguesas de gran parte del mundo, bajo la hegemonía del neoliberalismo, han renunciado a todos aquellos principios políticos ilustrados que reclamaban en su hora inaugural: la igualdad, la libertad y la fraternidad. La libertad se ha convertido en libertad de comercio, la fraternidad se exhibe en televisión como tele-caridad y la igualdad es, a esta altura, una divisa demagógica más.


Si bien el empeño concertacionista se caracterizó por imprimir al orden político una cierta pátina republicana, lo cierto es que todo ello no fue sino un “pastiche”, carente de contexto y sentido histórico. La verdad es que se pretendió investir de aires democráticos y republicanos a un espacio político tutelado por una constitución antidemocrática fraguada en los años de la dictadura. Por ello, los gestos republicanos aparecieron como un alambicado rito, más próximo al simulacro, cuando no al grotesco, que otra cosa.

La dictadura militar significó, en nuestro país, un quiebre radical de aquella tradición letrada que nos acompañó desde los albores de la república hasta aquel infausto día de septiembre, bajo el que todavía vivimos. Las llamaradas saliendo de La Moneda serían el símbolo más que elocuente Un gobierno de derecha, como el actual, posee la impensada virtud de evidenciar en toda su magnitud y abisal profundidad la impostura pseudo democrática que habitamos. El Chile pospinochetista no es sino la representación política de un libreto que ya fue escrito por la mano militar hace más de tres décadas: allí están las reglas que prescriben cualquier dramaturgia posible, en que se sabe de antemano quienes ganan y quienes pierden.

El precio de la honestidad

Por estos días, la extrema derecha ibérica representada por la Falange Española y Manos Limpias ha asestado un duro golpe al célebre juez Baltasar Garzón. Se trata, por cierto, de una sórdida maquinación fraguada por sus enemigos políticos contra un miembro de la Audiencia Nacional que ha enarbolado la bandera de la justicia universal y los Derechos Humanos en el mundo entero. Entre muchos chilenos, su figura evoca al hombre valiente que fue capaz de emitir una orden de arresto contra el dictador Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad, cosa que nuestros más altos tribunales nunca habían sido capaces de hacer.

El ataque contra el juez Garzón no puede dejar indiferentes a todos quienes en el mundo se han comprometido con los valores democráticos, contra la impunidad, la corrupción y el abuso en cualquier lugar del planeta. La derecha en España, al igual que en Chile, está comprometida en graves crímenes cuyos responsables directos siguen impunes gracias a una Ley de Amnistía. El delito de este juez no ha sido otro que declarar su intención de investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Franco.

Resulta paradojal, por no decir vergonzoso, que en un país que se jacta de ser parte de la Unión Europea, la derecha extrema sea capaz de torcer el buen sentido de la justicia. Una acusación de sectores extremistas para inhabilitar al juez Garzón constituye un grotesco sainete - motivado política e ideológicamente - que es cosa ya habitual en las precarias democracias post dictatoriales latinoamericanas, como el caso de Chile o Argentina. Todo lo anterior pone en evidencia la mala nueva de que la extrema derecha europea, y el franquismo en particular, goza todavía de muy buena salud , tal cual como ocurre en nuestros países del sur.

Tal como se ha señalado, el delito no radica en investigar crímenes sino los crímenes en sí mismos. España, como Chile, tiene pleno derecho a conocer su pasado histórico reciente, por doloroso que éste sea. Acallar a los jueces siempre ha sido la estrategia de los poderes fácticos, en Estados Unidos contra Jim Garrison, en Chile contra el juez Guzmán Tapia, en España contra Baltasar Garzón y en muchos países como Italia o Colombia, donde la valentía se ha pagado con la vida.

La injusta acusación de que es objeto Baltasar Garzón, sólo agiganta su estatura moral. La dignidad y el coraje de este juez español, contrasta con la bajeza de los sátrapas y criminales del mundo entero con los que ha debido enfrentarse. La historia ya ha emitido su juicio sobre personajes como Francisco Franco, Augusto Pinochet, Silvio Berlusconi y tantos otros que han hecho del poder un ejercicio de muerte. Hay ocasiones en la historia en que un hombre honesto ha sido capaz de demostrar, contra el sofista, que no siempre la justicia la hace el más fuerte.

Chile: Grietas de un Terremoto

Nuestro país ha sufrido un terremoto de magnitud mundial. Todos sabemos que no es el primero y que no será el último. Este tipo de catástrofes que nos sacuden cada tanto desnudan todas aquellas carencias que se han acumulado a lo largo de los años. Como suele ocurrir en estos casos, en un país desigual, las víctimas son los más débiles, los más pobres. Es cierto, las catástrofes no se pueden predecir con exactitud y son eventos fuera del control humano. No obstante, para cualquier gobierno en nuestro país, este tipo de cataclismo es absolutamente previsible y está dentro del horizonte de probabilidades. Por ello, resulta más que inquietante la ausencia de una política seria a este respecto. Este papel le corresponde al Estado, aunque les moleste a los fanáticos del neoliberalismo.

Ante la tragedia que hoy enfrentamos todos los chilenos, es imprescindible esclarecer algunas cuestiones de fondo. Desde un primer momento se ha advertido una grave falta de coordinación entre las diferentes instituciones que suponemos debieran actuar en circunstancias extremas. Digámoslo con todas sus letras, los funcionarios civiles o uniformados no han estado a la altura. El terremoto ha mostrado las grietas no sólo de los edificios, carreteras y puentes sino que ha mostrado las graves fisuras institucionales y sociales que aquejan al país. Los síntomas son claros, abandono de amplios sectores populares, negligencia de funcionarios y, consecuentemente, vandalismo desatado. Si bien la respuesta inmediata ha sido la militarización de la zona – que promete ampliarse - es claro que tal medida no soluciona ninguno de los problemas de fondo.

En estos momentos de tristeza y aflicción para todos quienes compartimos una historia y una geografía, la única conducta responsable es la más amplia solidaridad hacia los que están sufriendo no sólo el luto sino el desamparo. Pero al mismo tiempo, reclamar políticas concretas tendentes a mejorar las condiciones de vida de los sectores más marginados del país. La situación actual ha agravado la falta de caminos, hospitales y escuelas en varias regiones, es hora de que el Estado recupere la iniciativa ante tales demandas. La caridad no debe confundirse con justicia social.

El desastre ha puesto de manifiesto todas las falencias del “modelo chileno”, desde el debilitamiento del Estado para actuar a este tipo de situaciones hasta la ausencia de una cultura cívica y solidaria responsable. La televisión exhibe hasta la saciedad las consecuencias físicas del cataclismo, sin embargo, pocos advierten las fisuras sociales que han quedado de manifiesto ante el grave sismo. Los sueños de llevar a nuestro país a los umbrales del mundo desarrollado, se desdibujan ante la mísera realidad social, que vive una gran mayoría de los chilenos. Contra el individualismo, el éxito y la competitividad proclamados por los idólatras del mercado, los grandes desastres naturales nos confrontan con un imperativo ético y político que apunta al “bien común”. Las tragedias no pueden privatizarse.

Piñera y El Mercurio

A través de sus páginas editoriales, “El Mercurio” ha ejercido, históricamente, el papel de vocero de la derecha chilena. Allí quedan estampadas entrelineas las orientaciones político-estratégicas, las demandas y aspiraciones de un sector social representado hoy por el gobierno de Sebastián Piñera. En un análisis publicado el domingo 14 de febrero del año en curso, el llamado “decano de la prensa”, se permite hacer algunas precisiones al discurso del electo mandatario en torno a cuestiones como la “identidad propia de la centro derecha” y el “continuismo”.

En palabra de “El Mercurio”: “A diferencia de la situación en diversos otros países, Piñera no es un caudillo, sino el representante orgánico de un bloque político sólido. A este respecto, los indicios parecen anticipar que en la decisiva designación de los titulares de subsecretarías, jefaturas de servicios principales y otros cargos de alta responsabilidad se están buscando, sin perjuicio de la excelencia técnica, los equilibrios del peso político y de la experiencia propia de los partidos, que van a sustentar legislativamente al Ejecutivo”

Es claro que en la derecha no se quiere un presidencialismo extremo sino, por el contrario, fortalecer la presencia de los partidos políticos en el Ejecutivo. Sin duda, se tiene en mente la experiencia de Jorge Alessandri, caracterizada por un distanciamiento de los partidos de derecha, que llevó al poder, finalmente, a Eduardo Frei Montalva. Esta idea de una “derecha orgánica” es la única garantía para que los sectores más conservadores de la Alianza opongan la “identidad propia” al “continuismo” que ya se observa en el nuevo presidente.

Como un temerario equilibrista, el nuevo gobierno deberá mantenerse en una delicada línea que evite los excesos populistas de los conservadores (que lindan incluso con la, hasta ahora, silenciosa familia militar) y, al mismo tiempo, mantener abiertos las puertas con aquellos sectores concertacionistas más proclives al neoliberalismo que le permitirían llevar adelante aquellas políticas públicas para una “segunda transición”. Frente a la tensión planteada, “El Mercurio” ya ha tomado una posición muy nítida cuando advierte con todas sus letras que “apertura no es continuidad”. Sebastián Piñera sabe muy bien que su figura ha sido más que polémica, desde hace mucho tiempo, entre sus aliados. Por ello, su “amistad cívica” con sectores de la oposición concertacionista resulta indispensable para fortalecer su emplazamiento político los próximos cuatro años.

Un gobierno de los grandes capitales no sólo hace previsible un aumento de la movilización social y un cierto endurecimiento del debate parlamentario gobierno – oposición sino que, además, la irrupción de tensiones en la nueva alianza gobernante. A semanas del traspaso de la banda presidencial este proceso ya comienza a insinuarse. Las tensiones al interior del próximo conglomerado político gobernante evidencian que estamos lejos de una “bloque orgánico” como anhelan algunos, más bien se pone de manifiesto un rasgo histórico bicéfalo que atraviesa a la derecha. Más allá de las declaraciones de buena crianza y de los ademanes protocolares, lo cierto es que hay muchas sonrisas falsas entre las nuevas figuras del poder.

Con un PenDrive al cuello

A nadie debiera sorprender el hecho de que muchos ministros del futuro gabinete del gobierno Piñera estén ligados a grandes intereses económicos. El gobierno de la derecha cristaliza, precisamente, el maridaje entre el Estado y el capital. Esta constatación que, a primera vista pudiera parecer académica y teórica, dejará de serlo en cuanto los nuevos rostros ministeriales orienten las políticas públicas hacia un fortalecimiento del mercado en todos los ámbitos de la vida social y económica del país.

Se equivocan quienes creen advertir en el “Team Piñera”, un énfasis tecnocrático en desmedro de lo propiamente político. Estamos frente a un equipo que va a ejecutar, de manera fría y eficiente, las decisiones políticas de un gobierno empresarial. Se equivocan también quienes estiman que este nuevo gobierno va a debilitar al Estado a favor del mercado, por el contrario, de lo que se trata es de poner las políticas y la institucionalidad del Estado al servicio del gran capital, nacional y extranjero, inspirado en el credo neoliberal.

El gabinete del señor Piñera presente una gran homogeneidad política y social, se trata, en rigor, del gobierno de “la derecha”. Cada uno de los nominados está ligado genéticamente a la “clase alta”. La racionalidad política que inspira al gobierno de Piñera – no obstante - hace que sus ministros sean, más allá de sus méritos personales, figuras subalternas. Cada uno de los ministros ha sido convocado como director de probada experiencia en grandes empresas o académico con pergaminos en los “Think Tanks” del liberalismo. A cada uno de ellos se le ha colgado al cuello un PenDrive en que está codificada en lenguaje digital la voluntad política de la derecha chilena en este año bicentenario.

Entre todos los nuevos ministros, hay un caso de excepción. Se trata de un concertacionista reconocido que ha tomado la decisión de renunciar a su partido para integrar el elenco piñerista. Como suele ocurrir con personajes que cambian de tienda política de manera tan súbita como impensada, deben cargar con un aura de desconfianza, tanto entre quienes lo ven alejarse como entre quienes acogen al advenedizo. Se advierte en el nuevo gobierno la astuta estrategia de atraer a un democristiano a sus filas como un modo de mostrar y demostrar la transversalidad de un mandato de “unidad nacional”.

La presentación del nuevo gabinete que entrará en funciones a partir del 11 de marzo en nuestro país, ha dejado en claro quienes van a gobernar Chile los próximos cuatro años. Para quienes pudieran pensar que la connivencia entre el Estado y el capital es una pura abstracción, debieran revisar la lista de empresas ligadas, de manera directa o indirecta, al nuevo gobierno, incluido el primer mandatario electo, y que incluyen clínicas privadas, gigantes del retail, grandes empresas de la minería, empresas de comunicaciones, empresas de inversiones y aerolíneas, entre muchas otras.

Oposición y Diferencia

Asegurada la primera magistratura, los líderes de la derecha chilena llaman a los vencidos a reeditar una “democracia de los acuerdos”. El argumento es falaz e interesado, pues bajo la apariencia de una posición generosa e inspirada en el bien del país, se oculta su claro propósito: Desarticular la unidad de los opositores, restándoles algunas figuras y obligándoles a responder políticamente al llamado.

Como resulta obvio, un gobierno de derecha en nuestro país modifica la correlación de fuerzas entre los sectores empresariales, neoliberales herederos del pinochetismo, y una disgregada centroizquierda democrática. La derecha ha planteado un primer desafío, debilitar al máximo a la oposición para garantizar al nuevo gobierno un parlamento propicio a sus programa que incluye, por cierto, temas polémicos. La derecha necesita conformar mayorías parlamentarias para llevar adelante su programa de “modernizaciones” y, para ello, le resulta indispensable neutralizar por todos los medios a la izquierda, dentro y fuera de la Concertación.

En una democracia sana no se descartan, desde luego, los acuerdos. Para ello existen partidos políticos responsables ante la ciudadanía que actúan en comisiones del parlamento, para ello existe – o debiera existir – el debate ciudadano. Otra cosa muy distinta es que personas por iniciativa propia adhieran al nuevo gobierno. Una actitud tal desnaturaliza el concepto mismo de “acuerdo político” y bien pudiera confundirse con “complicidad”. Por último, hagamos notar que una “política de acuerdos” no puede ser planteada de manera vaga y difusa como un vector político carente de contenidos. Se establecen acuerdos sobre cuestiones concretas, en contextos históricos determinados y con interlocutores legítimos. En política, los acuerdos son más bien el resultado de negociaciones y no un principio que preside el desarrollo de los acontecimientos.

Es claro que la coalición saliente no ha sido mandatada para regir los destinos del país, sin embargo, tiene sobre sus hombros la responsabilidad histórica de representar a todos los compatriotas que se oponen al rumbo que se le quiere imprimir a este país. La oposición democrática debe cumplir un papel fundamental en los años venideros, fiscalizando las políticas públicas que se implementen desde La Moneda, asumiendo cabalmente su rol como un poder del Estado, de manera crítica y de cara a la ciudadanía. Chile ya ha conocido la “política de los acuerdos”, un eufemismo que utilizó la derecha para poner límites, por más de una década, al desarrollo de la democracia en nuestro país. Reeditar aquellas prácticas sería una muy mala señal que sólo indicaría que no se avanza en el plano político.

Todos aquellos partidos y movimientos que, en el actual contexto, asumen la condición opositora tienen la responsabilidad política y moral de cautelar los avances democráticos frente a cuestiones tan sensibles como los Derechos Humanos, leyes medioambientales y legislación laboral, por ejemplo. Durante dos décadas la derecha chilena ha sido un obstáculo a cualquier política democratizadora, oponiéndose tenazmente a reformas constitucionales de fondo, defendiendo la herencia del dictador. La dicotomía democracia – dictadura persiste en nuestra vida política mientras el libreto constitucional siga siendo el mismo.

El llamado del mandatario electo a una “política de los acuerdos” como fundamento de un “gobierno de unidad nacional”, es más una astuta operación política destinada a debilitar a la oposición naciente que otra cosa. Ante el propósito natural de la derecha para prolongar su presencia en el poder más allá del gobierno de Piñera, no está demás recordar que las estrategias y políticas de la oposición que ya comienzan a delinearse determinarán, quiérase o no, su identidad que se juega en la “diferencia” y, consecuentemente, su capacidad de enfrentar a la derecha en los procesos electorales de los próximos años.

Piñera sin anestesia

La noche del 17 de enero, muchos de los entusiastas adherentes de la triunfante candidatura de la derecha, encabezada por el multimillonario empresario Sebastián Piñera, eran trabajadores que ganan el sueldo mínimo de poco más de doscientos dólares mensuales y otros cuantos, simplemente, jóvenes desempleados. Todos ellos, víctimas de una legislación laboral concebida durante la dictadura, cuyo cerebro fue nada menos que José Piñera, hermano del candidato ganador, ex funcionario del régimen de Augusto Pinochet.

La paradoja se hace evidente cuando el actual presidente electo, pasado ya el tiempo de la anestesia demagógica electoralista, plantea entre sus prioridades una reforma laboral que termina con los últimos beneficios para los trabajadores que todavía persisten en la actual legislación como la indemnización por años de servicio. Como era de esperarse, los dirigentes empresariales justifican y aplauden las medidas tendentes a fortalecer el capital en desmedro de los trabajadores.

En el lenguaje de la derecha, términos como “modernización” y “cambio”, significan una acentuación del “modelo chileno”, es decir, un ajuste neoliberal para dinamizar la economía sin mayores trabas. En pocas palabras, la vieja receta de aumentar las ganancias de las grandes empresas, disminuyendo los salarios y los derechos de la gran mayoría de los chilenos. Todo ello con la bendición de grandes burocracias de nivel mundial que expresan los intereses de corporaciones multinacionales. Chile ha sido admitido, recientemente, a la OCDE, el “club de países ricos”, una membresía que ya exige las primeras condiciones. Según los argumentos de un alto funcionario de dicho “club”, los trabajadores de nuestro país tienen una protección tan alta, con un elevado costo en los despidos que se hace difícil contratar. Por lo tanto, se hace imprescindible la “flexibilización laboral”.

Estas son malas noticias para todos los ingenuos que creyeron en los cantos de sirena de la candidatura de derecha y le dieron una mayoría en las últimas elecciones. Pero también son malas nuevas para los miles de trabajadores chilenos que verán, una vez más, postergadas sus aspiraciones de una vida más digna. El actual gobierno de la señora Bachelet, tiene la posibilidad de tomar algunas medidas en el plano legislativo para evitar que los sectores más retrógrados del empresariado impongan sus criterios.

Una última iniciativa gubernamental en torno a la legislación laboral, sería también una de las primeras medidas como coalición opositora. Un indicio claro de que más que una “política de acuerdos” con la derecha, en la hora presente se impone la política de una oposición democrática en defensa de los derechos fundamentales de las mayorías. Si bien es cierto, el margen legal que permite la actual constitución es limitado, el gesto político de la actual mandataria para con los trabajadores chilenos adquiriría una importancia histórica.