La noche del 17 de enero, muchos de los entusiastas adherentes de la triunfante candidatura de la derecha, encabezada por el multimillonario empresario Sebastián Piñera, eran trabajadores que ganan el sueldo mínimo de poco más de doscientos dólares mensuales y otros cuantos, simplemente, jóvenes desempleados. Todos ellos, víctimas de una legislación laboral concebida durante la dictadura, cuyo cerebro fue nada menos que José Piñera, hermano del candidato ganador, ex funcionario del régimen de Augusto Pinochet.
La paradoja se hace evidente cuando el actual presidente electo, pasado ya el tiempo de la anestesia demagógica electoralista, plantea entre sus prioridades una reforma laboral que termina con los últimos beneficios para los trabajadores que todavía persisten en la actual legislación como la indemnización por años de servicio. Como era de esperarse, los dirigentes empresariales justifican y aplauden las medidas tendentes a fortalecer el capital en desmedro de los trabajadores.
En el lenguaje de la derecha, términos como “modernización” y “cambio”, significan una acentuación del “modelo chileno”, es decir, un ajuste neoliberal para dinamizar la economía sin mayores trabas. En pocas palabras, la vieja receta de aumentar las ganancias de las grandes empresas, disminuyendo los salarios y los derechos de la gran mayoría de los chilenos. Todo ello con la bendición de grandes burocracias de nivel mundial que expresan los intereses de corporaciones multinacionales. Chile ha sido admitido, recientemente, a la OCDE, el “club de países ricos”, una membresía que ya exige las primeras condiciones. Según los argumentos de un alto funcionario de dicho “club”, los trabajadores de nuestro país tienen una protección tan alta, con un elevado costo en los despidos que se hace difícil contratar. Por lo tanto, se hace imprescindible la “flexibilización laboral”.
Estas son malas noticias para todos los ingenuos que creyeron en los cantos de sirena de la candidatura de derecha y le dieron una mayoría en las últimas elecciones. Pero también son malas nuevas para los miles de trabajadores chilenos que verán, una vez más, postergadas sus aspiraciones de una vida más digna. El actual gobierno de la señora Bachelet, tiene la posibilidad de tomar algunas medidas en el plano legislativo para evitar que los sectores más retrógrados del empresariado impongan sus criterios.
Una última iniciativa gubernamental en torno a la legislación laboral, sería también una de las primeras medidas como coalición opositora. Un indicio claro de que más que una “política de acuerdos” con la derecha, en la hora presente se impone la política de una oposición democrática en defensa de los derechos fundamentales de las mayorías. Si bien es cierto, el margen legal que permite la actual constitución es limitado, el gesto político de la actual mandataria para con los trabajadores chilenos adquiriría una importancia histórica.
La paradoja se hace evidente cuando el actual presidente electo, pasado ya el tiempo de la anestesia demagógica electoralista, plantea entre sus prioridades una reforma laboral que termina con los últimos beneficios para los trabajadores que todavía persisten en la actual legislación como la indemnización por años de servicio. Como era de esperarse, los dirigentes empresariales justifican y aplauden las medidas tendentes a fortalecer el capital en desmedro de los trabajadores.
En el lenguaje de la derecha, términos como “modernización” y “cambio”, significan una acentuación del “modelo chileno”, es decir, un ajuste neoliberal para dinamizar la economía sin mayores trabas. En pocas palabras, la vieja receta de aumentar las ganancias de las grandes empresas, disminuyendo los salarios y los derechos de la gran mayoría de los chilenos. Todo ello con la bendición de grandes burocracias de nivel mundial que expresan los intereses de corporaciones multinacionales. Chile ha sido admitido, recientemente, a la OCDE, el “club de países ricos”, una membresía que ya exige las primeras condiciones. Según los argumentos de un alto funcionario de dicho “club”, los trabajadores de nuestro país tienen una protección tan alta, con un elevado costo en los despidos que se hace difícil contratar. Por lo tanto, se hace imprescindible la “flexibilización laboral”.
Estas son malas noticias para todos los ingenuos que creyeron en los cantos de sirena de la candidatura de derecha y le dieron una mayoría en las últimas elecciones. Pero también son malas nuevas para los miles de trabajadores chilenos que verán, una vez más, postergadas sus aspiraciones de una vida más digna. El actual gobierno de la señora Bachelet, tiene la posibilidad de tomar algunas medidas en el plano legislativo para evitar que los sectores más retrógrados del empresariado impongan sus criterios.
Una última iniciativa gubernamental en torno a la legislación laboral, sería también una de las primeras medidas como coalición opositora. Un indicio claro de que más que una “política de acuerdos” con la derecha, en la hora presente se impone la política de una oposición democrática en defensa de los derechos fundamentales de las mayorías. Si bien es cierto, el margen legal que permite la actual constitución es limitado, el gesto político de la actual mandataria para con los trabajadores chilenos adquiriría una importancia histórica.
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