martes, 16 de febrero de 2010

Piñera y El Mercurio

A través de sus páginas editoriales, “El Mercurio” ha ejercido, históricamente, el papel de vocero de la derecha chilena. Allí quedan estampadas entrelineas las orientaciones político-estratégicas, las demandas y aspiraciones de un sector social representado hoy por el gobierno de Sebastián Piñera. En un análisis publicado el domingo 14 de febrero del año en curso, el llamado “decano de la prensa”, se permite hacer algunas precisiones al discurso del electo mandatario en torno a cuestiones como la “identidad propia de la centro derecha” y el “continuismo”.

En palabra de “El Mercurio”: “A diferencia de la situación en diversos otros países, Piñera no es un caudillo, sino el representante orgánico de un bloque político sólido. A este respecto, los indicios parecen anticipar que en la decisiva designación de los titulares de subsecretarías, jefaturas de servicios principales y otros cargos de alta responsabilidad se están buscando, sin perjuicio de la excelencia técnica, los equilibrios del peso político y de la experiencia propia de los partidos, que van a sustentar legislativamente al Ejecutivo”

Es claro que en la derecha no se quiere un presidencialismo extremo sino, por el contrario, fortalecer la presencia de los partidos políticos en el Ejecutivo. Sin duda, se tiene en mente la experiencia de Jorge Alessandri, caracterizada por un distanciamiento de los partidos de derecha, que llevó al poder, finalmente, a Eduardo Frei Montalva. Esta idea de una “derecha orgánica” es la única garantía para que los sectores más conservadores de la Alianza opongan la “identidad propia” al “continuismo” que ya se observa en el nuevo presidente.

Como un temerario equilibrista, el nuevo gobierno deberá mantenerse en una delicada línea que evite los excesos populistas de los conservadores (que lindan incluso con la, hasta ahora, silenciosa familia militar) y, al mismo tiempo, mantener abiertos las puertas con aquellos sectores concertacionistas más proclives al neoliberalismo que le permitirían llevar adelante aquellas políticas públicas para una “segunda transición”. Frente a la tensión planteada, “El Mercurio” ya ha tomado una posición muy nítida cuando advierte con todas sus letras que “apertura no es continuidad”. Sebastián Piñera sabe muy bien que su figura ha sido más que polémica, desde hace mucho tiempo, entre sus aliados. Por ello, su “amistad cívica” con sectores de la oposición concertacionista resulta indispensable para fortalecer su emplazamiento político los próximos cuatro años.

Un gobierno de los grandes capitales no sólo hace previsible un aumento de la movilización social y un cierto endurecimiento del debate parlamentario gobierno – oposición sino que, además, la irrupción de tensiones en la nueva alianza gobernante. A semanas del traspaso de la banda presidencial este proceso ya comienza a insinuarse. Las tensiones al interior del próximo conglomerado político gobernante evidencian que estamos lejos de una “bloque orgánico” como anhelan algunos, más bien se pone de manifiesto un rasgo histórico bicéfalo que atraviesa a la derecha. Más allá de las declaraciones de buena crianza y de los ademanes protocolares, lo cierto es que hay muchas sonrisas falsas entre las nuevas figuras del poder.




miércoles, 10 de febrero de 2010

Con un PenDrive al cuello

A nadie debiera sorprender el hecho de que muchos ministros del futuro gabinete del gobierno Piñera estén ligados a grandes intereses económicos. El gobierno de la derecha cristaliza, precisamente, el maridaje entre el Estado y el capital. Esta constatación que, a primera vista pudiera parecer académica y teórica, dejará de serlo en cuanto los nuevos rostros ministeriales orienten las políticas públicas hacia un fortalecimiento del mercado en todos los ámbitos de la vida social y económica del país.

Se equivocan quienes creen advertir en el “Team Piñera”, un énfasis tecnocrático en desmedro de lo propiamente político. Estamos frente a un equipo que va a ejecutar, de manera fría y eficiente, las decisiones políticas de un gobierno empresarial. Se equivocan también quienes estiman que este nuevo gobierno va a debilitar al Estado a favor del mercado, por el contrario, de lo que se trata es de poner las políticas y la institucionalidad del Estado al servicio del gran capital, nacional y extranjero, inspirado en el credo neoliberal.

El gabinete del señor Piñera presente una gran homogeneidad política y social, se trata, en rigor, del gobierno de “la derecha”. Cada uno de los nominados está ligado genéticamente a la “clase alta”. La racionalidad política que inspira al gobierno de Piñera – no obstante - hace que sus ministros sean, más allá de sus méritos personales, figuras subalternas. Cada uno de los ministros ha sido convocado como director de probada experiencia en grandes empresas o académico con pergaminos en los “Think Tanks” del liberalismo. A cada uno de ellos se le ha colgado al cuello un PenDrive en que está codificada en lenguaje digital la voluntad política de la derecha chilena en este año bicentenario.

Entre todos los nuevos ministros, hay un caso de excepción. Se trata de un concertacionista reconocido que ha tomado la decisión de renunciar a su partido para integrar el elenco piñerista. Como suele ocurrir con personajes que cambian de tienda política de manera tan súbita como impensada, deben cargar con un aura de desconfianza, tanto entre quienes lo ven alejarse como entre quienes acogen al advenedizo. Se advierte en el nuevo gobierno la astuta estrategia de atraer a un democristiano a sus filas como un modo de mostrar y demostrar la transversalidad de un mandato de “unidad nacional”.

La presentación del nuevo gabinete que entrará en funciones a partir del 11 de marzo en nuestro país, ha dejado en claro quienes van a gobernar Chile los próximos cuatro años. Para quienes pudieran pensar que la connivencia entre el Estado y el capital es una pura abstracción, debieran revisar la lista de empresas ligadas, de manera directa o indirecta, al nuevo gobierno, incluido el primer mandatario electo, y que incluyen clínicas privadas, gigantes del retail, grandes empresas de la minería, empresas de comunicaciones, empresas de inversiones y aerolíneas, entre muchas otras.




martes, 2 de febrero de 2010

Oposición y Diferencia

Asegurada la primera magistratura, los líderes de la derecha chilena llaman a los vencidos a reeditar una “democracia de los acuerdos”. El argumento es falaz e interesado, pues bajo la apariencia de una posición generosa e inspirada en el bien del país, se oculta su claro propósito: Desarticular la unidad de los opositores, restándoles algunas figuras y obligándoles a responder políticamente al llamado.

Como resulta obvio, un gobierno de derecha en nuestro país modifica la correlación de fuerzas entre los sectores empresariales, neoliberales herederos del pinochetismo, y una disgregada centroizquierda democrática. La derecha ha planteado un primer desafío, debilitar al máximo a la oposición para garantizar al nuevo gobierno un parlamento propicio a sus programa que incluye, por cierto, temas polémicos. La derecha necesita conformar mayorías parlamentarias para llevar adelante su programa de “modernizaciones” y, para ello, le resulta indispensable neutralizar por todos los medios a la izquierda, dentro y fuera de la Concertación.

En una democracia sana no se descartan, desde luego, los acuerdos. Para ello existen partidos políticos responsables ante la ciudadanía que actúan en comisiones del parlamento, para ello existe – o debiera existir – el debate ciudadano. Otra cosa muy distinta es que personas por iniciativa propia adhieran al nuevo gobierno. Una actitud tal desnaturaliza el concepto mismo de “acuerdo político” y bien pudiera confundirse con “complicidad”. Por último, hagamos notar que una “política de acuerdos” no puede ser planteada de manera vaga y difusa como un vector político carente de contenidos. Se establecen acuerdos sobre cuestiones concretas, en contextos históricos determinados y con interlocutores legítimos. En política, los acuerdos son más bien el resultado de negociaciones y no un principio que preside el desarrollo de los acontecimientos.

Es claro que la coalición saliente no ha sido mandatada para regir los destinos del país, sin embargo, tiene sobre sus hombros la responsabilidad histórica de representar a todos los compatriotas que se oponen al rumbo que se le quiere imprimir a este país. La oposición democrática debe cumplir un papel fundamental en los años venideros, fiscalizando las políticas públicas que se implementen desde La Moneda, asumiendo cabalmente su rol como un poder del Estado, de manera crítica y de cara a la ciudadanía. Chile ya ha conocido la “política de los acuerdos”, un eufemismo que utilizó la derecha para poner límites, por más de una década, al desarrollo de la democracia en nuestro país. Reeditar aquellas prácticas sería una muy mala señal que sólo indicaría que no se avanza en el plano político.

Todos aquellos partidos y movimientos que, en el actual contexto, asumen la condición opositora tienen la responsabilidad política y moral de cautelar los avances democráticos frente a cuestiones tan sensibles como los Derechos Humanos, leyes medioambientales y legislación laboral, por ejemplo. Durante dos décadas la derecha chilena ha sido un obstáculo a cualquier política democratizadora, oponiéndose tenazmente a reformas constitucionales de fondo, defendiendo la herencia del dictador. La dicotomía democracia – dictadura persiste en nuestra vida política mientras el libreto constitucional siga siendo el mismo.

El llamado del mandatario electo a una “política de los acuerdos” como fundamento de un “gobierno de unidad nacional”, es más una astuta operación política destinada a debilitar a la oposición naciente que otra cosa. Ante el propósito natural de la derecha para prolongar su presencia en el poder más allá del gobierno de Piñera, no está demás recordar que las estrategias y políticas de la oposición que ya comienzan a delinearse determinarán, quiérase o no, su identidad que se juega en la “diferencia” y, consecuentemente, su capacidad de enfrentar a la derecha en los procesos electorales de los próximos años.